La entrada en vigencia de la Ley 40 Horas es celebrada como un hito para la calidad de vida en el país, pero no todos los trabajadores podrán retirarse antes a sus casas. Existe un porcentaje no menor de la fuerza laboral que, por la naturaleza de sus funciones o su tipo de contrato, no verá cambios en su reloj control este año.
El grupo más numeroso fuera de este beneficio es el de los funcionarios públicos. Al regirse por el Estatuto Administrativo y no por el Código del Trabajo, los empleados municipales y del Estado no están incluidos automáticamente en esta ley. Para ellos, se requiere de una tramitación legislativa distinta que actualmente se discute de forma paralela en el Congreso.
Otro punto que genera debate es el de quienes trabajan bajo el famoso Artículo 22, inciso segundo. Tras la reforma, este artículo se restringió considerablemente: ahora solo pueden estar exentos de horario quienes ejercen cargos de alta gerencia, administración o aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata por la naturaleza de su labor.
Sin embargo, muchos trabajadores que antes estaban bajo este régimen han pasado a tener horarios fijos para cumplir con la ley, mientras que otros —como los agentes de ventas o trabajadores que se mueven fuera de una oficina— podrían mantenerse en esta categoría de excepción si se cumplen las condiciones legales que la Dirección del Trabajo debe fiscalizar.
También quedan excluidos de la jornada ordinaria los trabajadores que se desempeñan en naves pesqueras o los deportistas profesionales, quienes poseen regímenes especiales debido a sus actividades específicas. Para ellos, la ley contempla normativas propias que no siempre se traducen en la reducción de una hora semanal que aplica para el resto del comercio y las oficinas.
Finalmente, las autoridades han recalcado que, si bien hay excepciones, estas son cada vez más limitadas. La intención es que el «Artículo 22» no sea utilizado como una excusa para evitar el pago de horas extra o el cumplimiento de la jornada laboral, por lo que los trabajadores que sospechen de un uso indebido de esta figura pueden solicitar una mediación ante la Inspección del Trabajo.