Un reciente informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP)reveló que la minería chilena sigue siendo el sector con mayor proporción de empleo subcontratado en el país, con un 55,8% de sus trabajadores contratados a través de terceros.
Si bien esta cifra da cuenta de una estructura fuertemente basada en la externalización de servicios —una práctica consolidada desde los años noventa para reducir costos y aumentar la flexibilidad operativa—, el estudio también muestra una tendencia alentadora desde el punto de vista sindical: la organización y representación colectiva de los trabajadores tercerizados va en aumento.
Según el informe, el 24,6% de los trabajadores subcontratados pertenece hoy a algún sindicato o asociación laboral, superando incluso al 18,7% de los asalariados con contrato directo. Esta diferencia marca un hito, pues demuestra que la sindicalización se ha adaptado al nuevo contexto laboral, encontrando caminos para fortalecerse incluso dentro de un modelo caracterizado por la fragmentación contractual.
Desde el mundo sindical, este fenómeno se interpreta como una respuesta colectiva frente a la mercantilización del trabajo. La tercerización, que muchas veces implica peores condiciones laborales, menores beneficios y menor estabilidad, ha impulsado a los trabajadores a buscar en la organización sindical un espacio de defensa y reivindicación de derechos.
En paralelo, el informe del OCEC-UDP señala una disminución progresiva del empleo subcontratado en la última década. En 2019 alcanzaba el 18% del total de asalariados del país, mientras que hoy representa el 15,5%, equivalente a 1.071.128 personas. En el último año, se perdieron 17.192 empleos subcontratados, pero se generaron 148.888 empleos directos, lo que podría indicar una transición hacia vínculos laborales más estables.
Para las organizaciones sindicales del sector minero, este escenario refuerza la necesidad de seguir fortaleciendo la sindicalización de todos los trabajadores, sin importar su modalidad contractual, con el objetivo de garantizar derechos, equidad y condiciones seguras de trabajo en toda la industria.