En el marco del debate legislativo sobre el uso de agua de mar para desalinización, el Consejo Minero y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) expusieron ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados, presentando observaciones técnicas al proyecto de ley que regulará el desarrollo, operación y concesión de plantas desaladoras en Chile.
Durante la sesión, el director ejecutivo de Acades, Rafael Palacios, valoró la iniciativa como una base normativa esencial para enfrentar la crisis hídrica que afecta a diversas regiones del país. Sin embargo, advirtió que el texto requiere mejoras, especialmente en lo relativo a la obligación de retirar infraestructura al término de las concesiones, lo que —a su juicio— pondría en riesgo la continuidad de plantas clave. “Chile no puede arriesgar su capacidad instalada en desalación, que es infraestructura crítica para asegurar el abastecimiento de agua en momentos de crisis como el que viven muchas regiones hoy”, señaló.
En la misma línea, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, destacó el rol estratégico que ha tenido la minería en el desarrollo de la desalación. Recordó que el sector representa más del 80% de la capacidad instalada de desalación en el país, y que el uso de agua de mar ha sido una herramienta eficaz para reducir la presión sobre fuentes continentales, especialmente en zonas con estrés hídrico. “Chile necesita una ley de desalinización moderna y funcional. Para lograrlo, es fundamental que el marco regulatorio garantice continuidad operativa, elimine duplicidades y dé certezas a largo plazo”, enfatizó.
Tanto Acades como el Consejo Minero expresaron su preocupación por aspectos del proyecto que podrían afectar la viabilidad de largo plazo de las plantas. Uno de los puntos críticos es la duración de las concesiones, actualmente establecida en 30 años renovables una vez, lo que consideran insuficiente frente a la vida útil de muchas operaciones mineras y a la planificación estratégica del recurso hídrico. “No es razonable que una norma pudiera obligar a retirar infraestructura que está funcionando. La continuidad operacional es esencial para garantizar el suministro en el largo plazo”, sostuvo Palacios.
Por su parte, Villarino advirtió sobre la posible duplicidad de trámites en el proceso de concesión, ante la superposición de funciones entre el ministerio competente y la Dirección General de Aguas. A su juicio, esta falta de claridad podría traducirse en demoras e incertidumbre para proyectos fundamentales. “La desalación no es solo una alternativa: es una condición habilitante para seguir produciendo y reduciendo la presión sobre nuestras fuentes continentales”, afirmó.
Según datos presentados por el gremio minero, en la última década el uso de agua de mar en la minería ha crecido de 1,7 a 7,8 metros cúbicos por segundo, reflejando la transformación hídrica del sector gracias a inversiones de largo plazo en infraestructura de desalinización y transporte. Este cambio ha permitido mantener la continuidad operacional en regiones con escasez hídrica, al mismo tiempo que se contribuye a un uso más sostenible del recurso.
Finalmente, ambas organizaciones reiteraron su disposición a colaborar técnicamente en el perfeccionamiento del proyecto de ley, insistiendo en la necesidad de garantizar continuidad, eliminar trabas administrativas y dar certezas regulatorias que promuevan nuevas inversiones. Coincidieron en que una normativa moderna y eficaz es clave no solo para la industria, sino también para las comunidades y territorios que dependen de un abastecimiento hídrico seguro frente a los desafíos del cambio climático.