El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa (ENTSJ), una hoja de ruta diseñada para compatibilizar desarrollo económico, justicia ambiental y bienestar social. La política, liderada por el Ministerio del Medio Ambiente junto a comités interministeriales y con respaldo del PNUD, establece 74 metas organizadas en cuatro ejes estratégicos y se implementará hasta el año 2035.
El instrumento fue construido a partir de un amplio proceso participativo, que incluyó a un panel de expertos y representantes de la sociedad civil, el mundo académico, el sector productivo y organismos internacionales. Entre los ejes definidos se encuentran: oportunidades laborales, restauración ecológica, bienestar social con igualdad de género, e innovación para el desarrollo sostenible.
Además, la ENTSJ incorpora un Plan de Acción a 2030 con 101 medidas concretas que beneficiarán principalmente a las comunas de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel. Estos territorios, actualmente afectados por desequilibrios ambientales derivados de actividades industriales, serán prioritarios en procesos de descarbonización, inversiones en infraestructura de salud, gestión hídrica, fiscalización ambiental y programas de reconversión laboral.
Entre las acciones destacadas figuran estudios sobre impactos crónicos en la salud por contaminación, planes hídricos por cuenca, programas de apoyo a trabajadores desplazados y fortalecimiento de redes de cuidado comunitario. Asimismo, se establecerán normativas para la recuperación de suelos, aire y agua en zonas impactadas.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, calificó esta aprobación como un avance clave para construir “una transición más justa, más resiliente y sin dejar a nadie atrás”. También enfatizó que la estrategia abre espacios de diálogo entre comunidades, empresas, trabajadores y el Estado, buscando revertir décadas de deterioro social y ambiental.
La ENTSJ marca un hito en la institucionalización de la transición ecológica en Chile, al proyectar una política pública intersectorial con enfoque territorial y justicia socioambiental, consolidando un compromiso país frente a los desafíos del cambio climático y el desarrollo sostenible.