La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado al Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (boletín 16566), despachando la iniciativa a ley de la República. Con ello, se concreta una reforma estructural que busca modernizar el aparato estatal, acelerar la inversión y reducir significativamente los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sectoriales, sin comprometer los estándares ambientales, técnicos ni regulatorios vigentes.
La nueva legislación, impulsada por el Ministerio de Economía, establece medidas como la implementación de normas mínimas comunes de tramitación, la introducción del silencio administrativo positivo y el principio de proporcionalidad. Este último obliga a que las exigencias de permisos estén alineadas con el nivel de riesgo de cada proyecto, evitando trabas desproporcionadas. Además, se incorporan las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), que permiten reemplazar algunos permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas, sujetas a fiscalización posterior.
El sistema también contempla la creación de una Ventanilla Única Digital denominada Plataforma SUPER, que centralizará las solicitudes y seguimiento de permisos, así como la instalación de una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, con atribuciones de coordinación técnica y asesoría institucional.
Durante su tramitación legislativa, la iniciativa recibió un amplio respaldo transversal. Parlamentarios del oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de eliminar la burocracia excesiva que obstaculizaba el desarrollo de proyectos de inversión, especialmente para la pequeña y mediana empresa. El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la aprobación destacando que “con las declaraciones juradas, todo el esfuerzo se enfocará en los permisos que realmente implican riesgo”.
La normativa no modifica el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que continuará rigiéndose por su propia legislación. De esta manera, la ley se presenta como un paso decisivo para destrabar inversiones estratégicas en sectores como minería, energía, salud, aguas, obras públicas y concesiones marítimas, proyectando un impacto positivo en el crecimiento económico, la generación de empleo y la eficiencia institucional.