El Sindicato de Profesionales de la División Chuquicamata de Codelco (Supervisión) salió al paso de la auditoría interna que sustenta la devolución de bonos exigida a más de 6.300 trabajadores de la estatal, y sostuvo que el material cuestionado sí cumplía con los protocolos internos. El director del sindicato, Marcelo Bucarey, quien representa a cerca de 700 socios de la mina, cuestionó la auditoría en la que se basaron las distintas medidas adoptadas por Codelco, entre ellas la devolución de bonos.
Según explicó el dirigente, la organización no cuestiona lo ocurrido con los polvos de Monte Cristo de la División Ministro Hales, sino específicamente las 20 mil toneladas de óxidos de Chuquicamata. El sindicato sostuvo, a través de una declaración pública, que este material estaba en regla y que generaría una rentabilidad estimada de US$20 millones, a diferencia del caso de Ministro Hales.
Bucarey explicó que existía un plan de trabajo de 18 meses respaldado por protocolos firmados de prueba entre las minas Chuquicamata y RT para el tratamiento de ese mineral, con una proyección de ganancias de US$20 millones puestas sobre la mesa. Para el dirigente, esto demuestra que el material sí cumplía con las certificaciones exigidas por las normas internas.
Origen del conflicto: El caso se remonta a una auditoría interna de Codelco, iniciada en marzo de este año, que detectó una desviación de 26.875 toneladas métricas finas de cobre reportadas como producción durante 2025, sin cumplir cabalmente las normas internas de la compañía. De ese total, 20 mil toneladas correspondían a óxidos de Chuquicamata y otras 6.875 toneladas a arsénico de calcio proveniente de Ministro Hales. Con la corrección, la producción propia informada por Codelco para 2025 bajó en cerca de un 2%.
Como consecuencia, la estatal determinó recalcular los incentivos variables asociados a las metas de producción del año, lo que afecta a 6.322 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, además de la Casa Matriz y la Vicepresidencia de Proyectos, por un monto total estimado en US$14,3 millones, equivalente a un promedio cercano a los $2 millones por persona.
La medida generó rechazo entre distintas organizaciones sindicales de la división. El director del Sindicato N°1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz, había planteado semanas atrás que los trabajadores no tienen responsabilidad en la sobreestimación de la producción, y cuestionó que el monto promedio de devolución varía fuertemente entre obreros y supervisores, siendo estos últimos los que recibieron bonos considerablemente más altos.
La auditoría también tuvo consecuencias administrativas al interior de la compañía: se concretó la desvinculación de un ejecutivo responsable de las irregularidades, se cursaron amonestaciones formales a otros profesionales involucrados y Codelco presentó una denuncia penal por las desviaciones en el registro de producción.