El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) dio un importante paso en la tramitación de grandes iniciativas de inversión en el país al emitir pronunciamientos clave para diversos proyectos de minería, energía e infraestructura de transporte. Las resoluciones del organismo técnico, adoptadas en una sesión extraordinaria, destraban procesos administrativos fundamentales para una cartera de obras que, en su conjunto, supera los 6.700 millones de dólares en inversión proyectada.
Entre las determinaciones más relevantes de la entidad destaca el otorgamiento de permisos de caracterización arqueológica para 39 sitios asociados al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la ampliación de la minera Doña Inés de Collahuasi, iniciativa ubicada en la Región de Tarapacá que contempla una inversión de 3.200 millones de dólares. Asimismo, en el sector minero de la Región de Atacama, el CMN visó la continuidad operacional de la faena Distrito Pleito, proyecto que involucra recursos por unos 32 millones de dólares.
En el área de transporte e infraestructura pública, el organismo constató la conformidad de las medidas de mitigación en puntos estratégicos de dos emblemáticas obras de conectividad. Se trata de las obras de rescate patrimonial en los piques Lo Ovalle y Santa Rosa para el Tramo 3 de la futura Línea 9 de Metro —obra valorada en 786 millones de dólares— y las faenas arqueológicas en la Estación Batuco y el paso Senador Guzmán para el proyecto ferroviario Tren Santiago-Batuco, cuya inversión alcanza los 623 millones de dólares.
Por su parte, el sector energético también sumó avances significativos con el pronunciamiento favorable para el Parque Fotovoltaico Llanos del Sol en la Región de Tarapacá, proyecto de generación de energías limpias presupuestado en 635 millones de dólares. En este caso, el CMN otorgó el permiso de rescate para diez hallazgos arqueológicos de carácter superficial, condición indispensable que permitirá habilitar formalmente el desarrollo de las obras civiles en esas áreas específicas del trazado.
Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio valoraron positivamente estas resoluciones, destacando que el trabajo patrimonial debe ser entendido como una condición habilitante para el desarrollo económico y no como un obstáculo para la inversión. Las autoridades sectoriales subrayaron que la arqueología y la protección de los monumentos históricos otorgan certeza jurídica a las empresas, demostrando que es viable compatibilizar el crecimiento de la infraestructura nacional con el debido resguardo de la riqueza histórica y cultural de los territorios.