Corte Suprema despeja camino para la construcción del Proyecto Dominga

El Proyecto Dominga recibió un respaldo decisivo luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos de casación presentados por el Gobierno, el Comité de Ministros y diversas organizaciones ambientalistas. Con esta resolución, se confirma la validez de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021, entregando vía libre a la ejecución de la iniciativa tras más de una década de trámites y controversias.

El máximo tribunal sostuvo que el fallo dictado en 2024 por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no constituye una sentencia definitiva ni interlocutoria, por lo que los recursos no eran procedentes. En un comunicado, el Poder Judicial señaló que la RCA del proyecto “mantiene plena vigencia”, cerrando así el paso a nuevas impugnaciones por la vía judicial.

Desde Andes Iron, empresa titular de Dominga, valoraron la decisión, destacándola como un hito inédito dentro de los 30 años de funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible, indicó que este desenlace “ratifica que el proyecto cumplió con la normativa vigente y entrega certeza jurídica e institucional, abriendo la posibilidad de una inversión que generará desarrollo sostenible para La Higuera y la Región de Coquimbo”.

El plan contempla una inversión cercana a los US$2.500 millones, con alrededor de 30 mil empleos proyectados durante la etapa de construcción. En régimen, se espera producir 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta pureza y unas 150 mil toneladas de cobre.

Si bien el fallo despeja la principal incertidumbre judicial, el inicio de obras todavía depende de la obtención de permisos sectoriales. De manera paralela, continúa pendiente un procedimiento en la Corte de Apelaciones de Antofagasta sobre el rol del Comité de Ministros en el proceso.

Con esta decisión, la Corte Suprema cierra un largo capítulo de judicialización y marca un precedente en la institucionalidad ambiental del país, consolidando la aprobación del proyecto luego de más de 12 años de debate.