Una profunda reestructuración al sistema de indemnizaciones laborales en Chile se ha tomado el debate económico y legislativo, tras la propuesta de implementar una «indemnización a todo evento». La iniciativa plantea modificar de raíz el actual mecanismo de indemnización por años de servicio, abriendo una intensa discusión sobre cuánto ganaría o perdería realmente un trabajador si se llega a modificar la normativa vigente.
Actualmente, el Código del Trabajo establece que un trabajador contratado de forma indefinida tiene derecho a recibir un mes de sueldo por cada año de servicio (con un tope de 11 años) únicamente si es despedido por la causal de «necesidades de la empresa». El nuevo modelo propuesto busca cambiar este esquema por un fondo de capitalización individual —similar al seguro de cesantía o al sistema implementado en otros países de la región—, donde el empleador aporta mensualmente un porcentaje del salario del trabajador, permitiendo que este retire el dinero acumulado sin importar la causa de su salida, ya sea por renuncia voluntaria, despido o mutuo acuerdo.
Los defensores del cambio argumentan que la medida democratiza el acceso a la indemnización, beneficiando de forma directa a quienes deciden cambiar de trabajo o son desvinculados por causales que hoy no reciben compensación. Desde la perspectiva de los empleadores, se señala que este fondo reduce la incertidumbre financiera de las empresas y mitiga las barreras de contratación. Sin embargo, los detractores y organizaciones sindicales encienden las alarmas, advirtiendo que para hacer viable este fondo «a todo evento» se reduciría el monto total que recibe un trabajador con alta antigüedad laboral tras un despido injustificado, debilitando el rol disuasivo que tiene la indemnización actual frente a los despidos masivos.
Frente a esta encrucijada, los analistas laborales enfatizan que el impacto neto dependerá exclusivamente del porcentaje de cotización mensual que se fije y de los períodos de transición de la ley. Mientras el debate avanza, gremios y expertos coinciden en la necesidad de revisar los modelos internacionales con cautela, buscando un equilibrio que garantice la movilidad laboral y la estabilidad de las pequeñas empresas, sin que esto signifique una pérdida de derechos adquiridos para los trabajadores de mediana y larga trayectoria en el país.