La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de queja y anuló la resolución del Primer Tribunal Ambiental que buscaba reactivar el proyecto minero-portuario Dominga, dejando la iniciativa de la empresa Andes Iron en un escenario de profunda incertidumbre jurídica. La decisión judicial dejó sin efecto la medida que intentaba forzar una nueva votación del Comité de Ministros, validando de esta forma el rechazo administrativo que ya pesaba sobre la obra que se pretendía instalar en la comuna de La Higuera.
El fallo del tribunal de alzada se produjo tras considerar que el tribunal ambiental incurrió en una falta al intentar imponer condiciones de aprobación sobre un proyecto que ya había sido desestimado por la institucionalidad vigente. Esta resolución fue recibida con satisfacción por parte del Gobierno, desde donde valoraron que se pusiera fin a lo que calificaron como una maniobra que buscaba saltarse los procedimientos regulares de evaluación ambiental.
Desde el Ejecutivo señalaron que la sentencia de la Corte de Apelaciones resguarda la institucionalidad y protege los ecosistemas sensibles de la zona, especialmente el Archipiélago de Humboldt. Para las autoridades, el dictamen ratifica que las decisiones del Comité de Ministros deben ser respetadas cuando se fundan en criterios técnicos y ambientales sólidos, descartando las presiones para forzar una viabilidad que no habría sido acreditada.
En el Congreso, parlamentarios oficialistas también reaccionaron de forma positiva, acusando que existió un intento de imponer el proyecto fuera de los márgenes de la ley a través de resquicios judiciales. Los legisladores destacaron que este fallo devuelve el proceso a su cauce natural, recordando que la protección de la biodiversidad en la Región de Coquimbo debe ser la prioridad ante iniciativas que no garantizan la sustentabilidad del territorio.
Por su parte, la empresa controladora Andes Iron manifestó su rechazo a la decisión de la Corte de Antofagasta y aseguró que no renunciará a la ejecución de la iniciativa. A través de un comunicado, la compañía afirmó que seguirá adelante con las acciones legales correspondientes para revertir este escenario, insistiendo en que Dominga es un proyecto compatible con el medioambiente y fundamental para la reactivación económica y el empleo en la zona.
A pesar de la voluntad de la empresa de recurrir a instancias superiores como la Corte Suprema, el panorama actual para la minera es complejo, ya que hoy no cuenta con un permiso ambiental que le permita iniciar faenas. Los analistas y expertos en derecho ambiental coinciden en que este nuevo revés judicial debilita significativamente las posibilidades de éxito del proyecto, el cual lleva años envuelto en una intensa disputa social y legal.
De esta manera, el futuro de Dominga queda supeditado a las próximas estrategias judiciales que adopte la defensa de Andes Iron, mientras las organizaciones ambientales y las comunidades locales que se oponen a la mina celebran lo que consideran un paso decisivo hacia la cancelación definitiva de la obra. La falta de viabilidad inmediata pone en duda si el proyecto logrará alguna vez superar las barreras normativas que lo mantienen paralizado.