La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado un importante proyecto que establece un royalty para la gran minería, marcando un hito en la legislación minera del país. Con una amplia mayoría de votos a favor, el proyecto se encuentra en su etapa final antes de convertirse en ley.
El objetivo de este proyecto es compensar al Estado por la explotación de minerales como el cobre y el litio, destinando alrededor de US$450 millones a través de tres fondos diferentes para las regiones donde se extraen estos recursos naturales.
Después de cuatro años de intensas discusiones y debates, el proyecto ha experimentado cambios significativos durante su proceso legislativo. Estas modificaciones buscan asegurar de manera más efectiva que el Estado participe de las ganancias generadas por la minería no renovable, sin obstaculizar el desarrollo sostenible en este ámbito.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció el liderazgo de los diputados y diputadas que iniciaron esta discusión y resaltó que este proyecto permitirá financiar obras públicas, infraestructura, programas de investigación y desarrollo, así como reducir la inseguridad en el país.
El incremento en la recaudación se iniciará en 2024 con los pagos provisionales del royalty, los cuales serán en un principio una fracción relativamente pequeña. Sin embargo, se espera que haya incrementos significativos en 2025 y que en 2026 se alcance la recaudación en régimen.
Durante el proceso legislativo, se presentaron cuestionamientos por parte de algunos parlamentarios de la coalición gobernante sobre la distribución de los recursos en las distintas comunas y regiones del país. No obstante, el Gobierno logró alinear estas críticas durante la comisión de Minería de la Cámara Baja.
Todas las indicaciones presentadas durante esta etapa constitucional fueron aprobadas por amplia mayoría en la Sala del Congreso, a excepción del Partido Republicano y algunos parlamentarios de Chile Vamos. Con la aprobación de esta iniciativa, se evitó la necesidad de recurrir a una comisión mixta, poniendo fin a más de cuatro años de proceso legislativo en el Congreso.